Denuncia por pago para asegurar candidatura
Karen Paniagua, excandidata al Congreso de la República por el partido Avanza País, denunció que la agrupación política le habría cobrado S/5 350 como requisito para inscribir su postulación a las elecciones generales de 2026 y que, tras ser retirada de la lista, no le han devuelto el monto entregado.
De acuerdo con su versión, el depósito fue realizado el 3 de noviembre de 2025 en una cuenta oficial del partido. Según indicó, el pago tenía como finalidad asegurar un número específico dentro de la lista congresal por Lima.
Exclusión del proceso y falta de respuesta
Paniagua señaló que, pese a haber cumplido con el pago solicitado, posteriormente fue excluida del proceso interno sin recibir una explicación formal. Añadió que intentó comunicarse con dirigentes de Avanza País para conocer los motivos de su retiro y solicitar la devolución del dinero, pero no obtuvo respuesta.
Asimismo, manifestó que su exclusión podría estar relacionada con cuestionamientos a su actividad personal en plataformas digitales, aunque no presentó documentación que respalde esta afirmación.
Respuesta de Avanza País
Desde Avanza País, el secretario general del partido, Martín Barrantes, negó que la organización “venda candidaturas” y aseguró que la cuenta donde se efectuó el depósito está registrada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para recibir aportes conforme a la normativa vigente.
Indicó además que el caso será evaluado internamente para determinar si corresponde algún tipo de reembolso dentro del marco legal.
Postura de la candidata que asumió el número en la lista
Por su parte, la abogada Alissa Durand, quien finalmente ocupó el número que Paniagua afirma haber solicitado, declaró que no realizó ningún pago para postular por Avanza País y que su candidatura se dio conforme a los procedimientos internos del partido.
Cuestionamientos al proceso de selección
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de selección de candidatos y la transparencia en los aportes económicos solicitados por los partidos políticos durante los procesos electorales.
